(Ciudad de Panamá-ANPanamá). El proyecto
de ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo sería
presentado a final de este mes de febrero. Este documento es muy
importante para que Panamá salga de la lista de países no cooperadores
del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
El proyecto, entre otras cosas, incluye
la creación de una “Unidad de políticas de prevención del blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva”, que funcionará bajo el
paraguas del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Agencia de Noticias Panamá (ANPanamá)
conoció que esta unidad sería la encargada de supervisar y regular en
el tema de previsión a un grupo importante de empresas y actividades,
tales como financieras, empresas de arrendamiento financiero o leasing;
empresas de factoring, empresas que operan en zonas libres o
establecidas en zonas francas; empresas de la Zona Libre de Colón, las
dedicadas al comercio al por mayor; empresas de remesas de dinero, sea o
no actividad principal; casinos, juegos de suerte y azar y organización
de sistemas de apuestas, entre otras, también abarcará los establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de internet.
Igualmente
tendrá a su cargo la supervisión de empresas promotoras y corredoras de
bienes y raíces, las casas de empeño y las fundaciones y asociaciones
sin fines de lucro.
No se quedaron por fuera las empresas
dedicadas al ramo de la construcción, empresas de transporte de valores y
compañías de servicios de encomiendas internacionales.Las casas de cambio, sea o no actividad principal, también serán reguladas.
La unidad también estaría supervisando a
los emisores u operadores de tarjetas de débito, crédito y prepagadas,
sean estas personas naturales o jurídicas, incluyendo aquellas que
emiten y operan sus propias tarjetas y a las entidades emisoras de
medios de pago y de dinero electrónico; empresas dedicadas a la
comercialización de metales y piedras preciosas, a la Lotería Nacional
de Beneficencia y Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá, las
asociaciones de ahorros y préstamos; los abogados y contadores públicos
autorizados, además de los auditores externos y notarios.
En el
caso de los abogados o contadores así como auditores y notarios solo
serían sujetos obligados cuando el ejercicio de su actividad impliquen
la compraventa de inmuebles, valores o administración de cuentas
bancarias, también si administran o crean sociedades entre otros puntos
que menciona la ley.
Los bancos y empresas fiduciarias
continuarán siendo supervisados por la Superintendencia de Bancos de
Panamá; los seguros y reaseguros, por la Superintendencia de Seguros y
Reaseguros; las casas de valores y otras empresas del sector bursátil,
por la Superintendencia del Mercado de Valores, y las cooperativas, por
el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop).
Las subastas ganaderas, que están
incluidas en el informe del Fondo Monetario Internacional, no están en
el borrador de la ley que se está trabajando, como tampoco las empresas
de ventas de autos.
El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Jaime Moreno dijo a ANPanamá que "Siento que están entre los sujetos que deberían estar regulados". en referencia a la venta de autos usados.
El ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La
Guardia durante la toma de posesión de la junta directiva de la
Asociación Bancaria de Panamá dijo a ANPanamá que en la lista de
entidades y actividades estaría basada en las recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional y la discusión con los algunos sectores.El
funcionario reconoció que algunos sectores no estarían de acuerdo.
Fuente: ANPanamá.com / Alma Solis
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